Un fallo histórico reconoció como genocidio la Masacre de Napalpí

Nacionales 18 de septiembre de 2020 Por Periodismo en Línea
La Justicia Federal condenó al Estado nacional por el asesinato de centenares de qom y moqoit en julio de 1924. Debera pagar 375 millones de pesos en indemnizaciones y realizar inversiones públicas para promover el desarrollo del las comunidades, la sentencia sienta un precedente por el carácter genocida que le atribuye al hecho.
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Con las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó un fallo de primera instancia y condenó al Estado nacional por la Masacre de Napalpí. 

Se conoce con el nombre de Masacre de Napalpí a la matanza que el Estado nacional emprendió en 1924 contra la comunidad Napalpí, en su mayoría miembros de los pueblos originarios qom y moqoit. El trágico episodio ocurrió en una Reducción Estatal -espacio de control social implementado en Chaco y Formosa a espejo de las que ya existían en Estados Unidos- y se cobró la vida de cerca de 1500 niños, ancianos, mujeres y hombres.

En nuestro país coexistian cuatro reducciones que funcionaron entre 1911 y 1956, donde durante años estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias qom, moqoit, vilela, wichí y pilagá.  Las mismas se consideraban  un sistema ejemplar y exitoso para la “incorporación del indígena a la civilización”.

Las  condiciones eran extremas e inhumanas  : implicaba el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. La deuda como forma de disciplinamiento del sistema de peonaje por deudas.

Los abusos y maltratos permanentes llevaron a una protesta y acción de resistencia que terminaría haciendo las veces de prólogo de la tragedia: un grupo de indígenas se reunió en la zona del Aguará, dentro de la reducción, para reclamar por una quita impuesta al precio de la cosecha del algodón, por las condiciones de salud y alimentación, por la explotación laboral y por un decreto que les prohibía ir a trabajar donde quisieran. 

Mientras los líderes negociaban con las autoridades estatales, las fuerzas policiales organizaban la tragedia que finalmente ocurrió el 19 de julio de 1924. La matanza continuaría durante los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte.

Lo valioso de la sentencia, y esto es indiscutible, es que reconoce la Masacre de Napalpí como un crimen genocida y de lesa humanidad y al Estado nacional, como su responsable.   Otro aspecto del fallo es el económico, obligando al Estado nacional a realizar obras públicas dentro de un periodo de 10 años en beneficio de las comunidades y otorgar una serie de indemnizaciones.

En 2019, la Justicia Federal de Formosa también había reconocido la responsabilidad del Estado y el carácter genocida de la Masacre de Rincón Bomba, cuando el 10 de octubre de 1947 Gendarmería Nacional atacó a la población Pilagá en Las Lomitas, Formosa. Aquella causa había sido iniciada por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en 2005, tanto en el fuero penal como en el civil, algo inédito hasta el momento en materia de crímenes de lesa humanidad. 

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