La investigación penal a cargo del Fiscal. El fiscal como sujeto capaz de producir elementos de prueba

Jurídico 02 de julio de 2020 Por IGNACIO SARAIN - Abogado
Las reformas constitucionales de nuestra provincia que se dieron durante el año 1998 y con la reforma de la nación en el año 1994, el Ministerio Publico es un órgano de carácter independiente, contando además con autonomía funcional, autarquía presupuestaria, financiera y administrativa (conf. Art. 167 Constitución de Salta).-
multimedia.normal.8052bd0388a2b73b.6d756c74696d656469612e6e6f726d616c2e38366161343032383066663936345f6e6f726d616c2e6a7067

Es así, que el rol del Ministerio Fiscal que la constitución encomienda asumir en el proceso penal, significa un indicador de la vigencia del sistema republicano y democrático, puesto que tiene el deber de controlar el fiel cumplimiento del principio de legalidad, para lograr una tutela jurídica efectiva de las garantias constitucionales, y la defensa del interés público.-

En lo que respecta al proceso penal, el Ministerio Publico interviene en todas sus fases o etapas: la primera de carácter preliminar al juicio es la etapa de investigativa donde se va a procurar lograr los elementos de convicción que nos acerquen a la verdad, y en la segunda fase del juicio propiamente dicho, el fiscal asume la función de acusador como parte procesal (es decir, no material) frente a la defensa, y ante el órgano impartial o imparcial, que es el jurisdiccional, quien en definitiva decidirá mediante sentencia el objeto de Litis.

Resulta claro, al decir del recordado y querido Dr. Víctor René Martínez, que el actual Código Procesal Penal de Salta, jamás podría pensarse ni intenta justificar que el fiscal reemplace al juez de instrucción, dado que si así lo fuere seguiríamos con la misma burocracia, antes era el Poder Judicial y por consiguiente de manera sustitutiva y estéril lo sería el Ministerio Publico. 

Es por ello que el actual Código Procesal Penal pretende de manera fehaciente acercar el Juicio (entendido éste como garantía constitucional), al día y lugar del hecho con la mayor sencillez y practicidad posible. Es por eso, que se elimina la etapa de instrucción judicial con todos sus vicios, delegando de esta manera en el Fiscal la facultad de investigar el contenido factico del hecho delictivo, destacándose menos formalidad ritual y más celeridad.-

Por otra parte, es de recordar que las garantías constitucionales del debido proceso legal, juez natural, y defensa en juicio, tienen vigencia desde que la persona fue sindicada como autor o participe de un ilícito penal, por esta razón es la creación del Juez Penal de Garantías o de Control de la fase preliminar durante la actividad investigativa en manos del Fiscal, de manera que el Órgano Jurisdiccional como Juez Natural exclusivamente controle al órgano acusador en pos del fiel respeto de la vigencia de las garantias constitucionales con la imparcialidad de la jerarquía del rol que asume.

La investigación penal, como bien afirma Binder, es: “una actividad eminentemente  creativa;  se  trata  de  superar  un estado  de  incertidumbre  mediante  la  búsqueda  de  todos aquellos  medios  que  puedan  aportar  la  información  que  acabe con  la  incertidumbre”. 

Ya habíamos dicho que el Ministerio Publico Fiscal tenía como función el promover y ejercitar la acción penal, practicando asimismo la investigación penal preparatoria; pero no podemos dejar de mencionar que, el mismo dentro del ejercicio de su función debe sin lugar a dudas, ajustar sus actos a un criterio objetivo, velando de esta manera por la correcta aplicación de la ley penal y por el cumplimiento de las garantias constitucionales y de los Tratados Internacionales. 

El Fiscal tiene el deber de investigar el hecho descripto en el Decreto de Apertura y las circunstancias que permitan comprobar, ya sea la imputación como la eximición de responsabilidad el imputado, haciendo asimismo conocer a la defensa, toda la prueba de cargo y de descargo que se hubiere reunido o conocido durante el procedimiento, considerándose falta grave el incumplimiento de tales pautas (conf. Art. 77 y 78 C.P.P.S).-

Desde ya vemos que el Fiscal sin lugar a dudas es un sujeto capaz de incorporar elementos de prueba, pero asimismo tiene la capacidad de recurrir a los medios tradicionales como a aquellos totalmente innovadores que permitan lograr la convicción suficiente para lograr su cometido.

En primer lugar, corresponde al fiscal realizar un análisis jurídico del comportamiento humano, que ha adquirido relevancia penal.  En el supuesto que el mismo supere los distintos estadios que exige la teoría jurídica del delito y se  advierta  que  el  comportamiento  adquiere  perfección jurídica  tanto  objetiva  como  subjetiva  sin  que  interfiera ninguna variable que obstaculice el funcionamiento de la ley penal;  se  ha  superado  un  primer  estadio  que  lleva  a  la exclusión  temprana  de  una  decisión  desincriminadora (Desestimación). 

Un  segundo  nivel  de  análisis  lleva  a  determinar  la oportunidad  de  procedibilidad,  es  decir  corresponde adentrarse  en  la  interpretación  respecto  a  si  la manifestación  de  voluntad  ejercida  a  través  de  la  denuncia, habilita  al  fiscal  a  iniciar  el  proceso  de  ejercicio  de  la acción penal frente a un acontecimiento penalmente relevante. 

Un  tercer  nivel  de  análisis,  va  a  pasar indefectiblemente  por  canalizar  el  verdadero  interés  de  la víctima.

Es así que, la  Investigación  Penal  Preparatoria  debe  importar  una actividad  totalmente  desformalizada,  dirigida  a  constatar  la posible  existencia  de  un  hecho  delictivo  y  sus circunstancias,  a  fin  de  asegurar  los  elementos  probatorios indispensables  que  serán  evacuados  en  audiencia  oral.

Esta etapa  tiene  por  objeto  investigar  los  datos  que demuestren la comisión de un delito; datos desconocidos, que en  principio  no  están  sujetos  al  régimen  de  verificación  y comprobación de los hechos propios de la etapa oral.

Por ello esta  fase  debe  ser  creativa   y  alejada  de  la  formalización que  suponía  el  régimen  derogado,  al  documentarse  todos  los actos  por  medio  de  actas,  procedimiento  que  respondía  a  la lógica  inquisitiva  que  aseguraba,  de  este  modo,  su  valor anticipado al debate oral. 

Hasta lo aquí expuesto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿Puede el Fiscal Penal generar durante la Investigación Penal Preparatoria, y en sede de la Fiscalía generar prueba definitiva capaz de fundar una sentencia condenatoria? 

Sin lugar a dudas, el Fiscal no puede generar prueba definitiva para fundar una sentencia condenatoria (salvo las que surjan de aquellos actos definitivos e irreproducibles sujetos a formalidades), lo que debe es recolectar elementos de convicción suficiente que sirvan de base a la acusación, y será el juez quien en base a esos elementos condene o absuelva.  

Debemos tener presente que,  Acto  definitivo  es  aquel  que  “para  servir  de  prueba  en el  juicio,  no  es  necesario  repetirlo  y  mejorarlo procesalmente”. Por mejoramiento del acto procesal de prueba debe  entenderse  a  la  posibilidad  jurídica  de  agotar  la producción  de  todo  dato  objetivo  capaz  de  producir conocimiento  que  determinado  órgano  de  prueba   puede introducir válidamente al proceso, y no a la sola aportación de  elementos  positivos  respecto  de  la  confirmación  de  la hipótesis contenida en la imputación.

Mientras que un acto irreproducible “será aquel acto que no pueda repetirse en las mismas condiciones. El ejemplo clásico que  se  brinda  es  el  del  reconocimiento  en  rueda  de  personas o  por  fotografías  ya  que  de  practicarse  un  segundo reconocimiento, existirá siempre el peligro de que la imagen adquirida  durante  el  primero  persista  en  la  mente  del reconociente, superponiéndose, completando o sustituyendo la percepción originaria. Ello tornará dudoso que realmente sea esta  última  la  que  se  confronte  con  la  obtenida  en  el  nuevo acto”

De lo expuesto, vemos que para que estos actos tengan entidad probatoria, el fiscal debe darle a la defensa la debida participación a los fines de poder corroborar y controlar la sustanciación del mismo. El art. 253 del C.P.P. reconoce el derecho de las partes de acudir  por  ante  el  fiscal  encargado  de  la  investigación, proponiendo  las  diligencias  que  consideren  útiles  y pertinentes  para  la  averiguación  de  la  verdad. Es así que el Fiscal deberá expedirse en el término de tres días, mediante decreto fundado.

El actual texto del art. 246 del C.P.P. ha establecido de manera categórica la facultad de los fiscales de requerir una intervención temprana de los jueces de garantías que es la única que puede conciliarse con una investigación exitosa. Lo antes  expuesto  convoca  a  reflexionar  sobre  la  necesidad  de que  la  mentada  rapidez  de  intervención  sea  favorecida mediante  protocolos  de  vinculación  entre  jueces  y  fiscales que aprovechen los beneficios de la tecnología.. Claro es el ejemplo de la provincia de Córdoba, en donde en el caso de tráfico de estupefacientes, se reglamentó la posibilidad de requerimiento y la expedición de órdenes de allanamiento mediante el uso de herramientas informáticas. Asimismo en la provincia de Salta en los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar, se viene implementando el botón anti pánico como medida complementaria en una condena o como medida preventiva ante la denuncia del hecho.

Conclusión:

Dentro de marco del presente trabajo, tenemos que concluir que el fiscal tiene un rol fundamental dentro del nuevo procedimiento penal acusatorio. 

Es así que comparto la reforma que se ha realizado en nuestra provincia, dado que viene a ser de vanguardia dentro de la infinidad de los códigos de esta naturaleza; y esto se encuentra dado, por la practicidad, celeridad y roles bien claros y diferenciados de los sujetos esenciales. Asimismo, creo que existe un largo camino para llegar a un nivel óptimo de excelencia, no obstante debo decir que vamos encaminados a ese lugar.

El cambio de paradigma resulta totalmente acertado, puesto que el antiguo sistema resultó óptimo en un principio para luego seguir por su debacle dentro del marco de la actividad procesal, pero también dentro del marco de la burocracia judicial con excesivos ritualismos y con la doble funcionalidad que detentaba el juez de instrucción.

Es por ello que, el actual sistema acusatorio hoy se presenta con condiciones favorables y vemos que la tarea investigativa avanza en tiempos óptimos llegando de manera más expedita a instancia de juicio en aquellos casos que lo requieran. No obstante, en la práctica tribunalicia hay casos que llegan a instancia de juicio sin tener la entidad suficiente y no presentándose elementos de convicción que ameriten el requerimiento de elevación a juicio. 

Es así, que desde el Ministerio Publico Fiscal se observa una política tendiente a llevar todos los casos a instancia de juicio, olvidando de alguna manera los métodos de resolución alternativos de conflicto, tales como la mediación penal y la conciliación penal, o recurrir a los criterios de oportunidad en la valoración inicial.

Pero sin lugar a dudas estamos dentro de un sistema acertado y desde luego perfectible, donde con el devenir del tiempo sin lugar a dudas iremos avanzando en la práctica del actual sistema acusatorio.-

 

ANDRÉS IGNACIO SARAIN

Abogado M.P. N° 5.397

Te puede interesar